La Unión Europea frente a la segunda ola de Covid-19

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La caída de los números relativos a la pandemia permitió una reapertura paulatina de los cierres y la disminución de las medidas de contención, inclusive en países como España e Italia, con records en el número de personas contagiadas y la acumulación de muertes al interior del Continente.

Sin embargo, las advertencias realizadas desde mayo al respecto de una segunda ola de la pandemia se concretizaron con el repunte de los “números alarmantes” desde finales de septiembre, sobre los cuales advirtieron la directora del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, sigla en inglés), Andrea Ammonⁱ y Hans Kluge, director regional de la OMS para Europaⁱⁱ. De ese modo, medidas de confinamiento y restricciones son nuevamente pautadas por los gobiernos localesⁱⁱⁱ. Incertezas sobre la economía europea vuelven a suscitarse bajo la sombra de una pandemia de duración incierta. Pero, ¿enfrentará la Unión Europea esta segunda ola de una forma más cohesiva?

Cuando nueve países europeos declararon su cuarentena en marzo^iv, comenzó otro capítulo de desavenencias financieras internas que colocaron en tela de juicio a la Unión.

Previo a la concreción del escenario subsiguiente y ante las noticias del nuevo virus en China, las instituciones de la Unión Europea reaccionaron rápidamente en diferentes ámbitos. De este modo, desde enero se adoptaron las primeras medidas coordinadas para la repatriación de los miles de europeos que se encontraban en el gigante asiático para lo cual se activó el 28 de enero el Mecanismo de Protección Civil de la Unión y tres días después fueron asignados fondos para la investigación sobre el brote de coronavirus ascendente a 10 millones de euros provenientes del programa Horizonte 2020 dedicado a financiar proyectos de investigación e innovación de la UE.^v. Posteriormente el 2 de marzo se realizó la activación del Mecanismo Integrado de Respuesta Política a Situaciones de Crisis (IPCR, sigla en inglés) adoptado desde el año 2013.

No obstante, las polémicas más acerradas en este contexto constituyeron las medidas financieras para enfrentar la crisis sobrevenida debido a la pandemia. Frente a las iniciales posiciones respecto a los eurobonds^vi -expuestas en artículo publicado en este sitio por Flavia Loss el 28 de abril^vii-, en un movimiento histórico de los mayores contribuyentes netos de la Unión, Alemania y Francia, y marcado por el rápido reposicionamiento del primero –el cual había concordado con los contribuyentes netos menores Austria, Países Bajos, Suecia y Finlandia en cuanto a la creación de líneas de crédito para el financiamiento de la crisis a través del Fondo de Rescate de la Zona del Euro en los meses iniciales de la pandemia-, ambos propusieron un plan de recuperación inicial ascendente a 500.000 millones de euros basado en la emisión de deuda y la concesión de ayudas a fondo perdido respaldados por el presupuesto europeo, fundamento del clamor de países como Italia y núcleo de la polémica.

De ese modo, el 27 de mayo fue presentado ante la Comisión un plan de recuperación para Europa y aprobado el 21 de julio con una cifra de “1.824.300 millones de euros que reúne el marco financiero plurianual y medidas extraordinarias de recuperación en el marco del instrumento «Next Generation UE»”^viii, el cual debe contribuir “a la reconstrucción de la Unión Europea después de la pandemia de COVID-19 y apoyar la inversión en las transiciones ecológica y digital”^ix.

Calificado como un “acuerdo histórico” debido al compromiso unánime y sin precedentes de los 27 relativo a la emisión de deuda conjunta –fundamento del debate de los eurobonds-, el Plan se basa en dos pilares. El primero, relativo al presupuesto plurianual para el periodo 2021-2027, dotado con 1.074 billones de euros millones de euros sic. por billones de euros; y el segundo, al fondo de recuperación que contará con 750.000 millones de euros para la concesión de ayudas entre 2021 y 2023”^x.

Frente a los 500.000 millones de la propuesta inicial, el límite de los “frugales”^xi de 700.000 millones y la pretensión de alcanzar el billón de euros por parte de los consabidos beneficiarios, el consenso mantuvo la cifra de 750.000 millones de euros. De ellos, 390.000 millones distribuidos en forma de subvenciones a fondo perdido y 360.000 millones como préstamos^xii. El fondo, dividido en dos franjas, compromete el 70% del dinero entre 2021 y 2022 y el 30% restante hasta el final de 2023. En este sentido

la primera franja se repartirá entre los países teniendo en cuenta la población, el PIB y el nivel de paro entre 2015 y 2019 de cada Estado, siguiendo así la clave de reparto propuesta por la Comisión Europea que dejaba a Italia, España y Polonia como principales beneficiarias.^xiiiEste reposicionamiento alemán, que aun en abril concordaba en la creación de líneas de crédito bajo la fórmula de menor condicionalidad y sin imposición de reformas o austeridad y, aún frente a las “amenazas” holandesas del “NEXIT”^xiv, reafirman una fuerte capacidad de liderazgo comprometido en la manutención de la Unión Europea y el fortalecimiento de sus instituciones frente al Estado, con poder de negociar consensos entre las divergencias en aquellas cuestiones que afectan a los ciudadanos al interior de fronteras nacionales tan diversas, como constituyen los intitulados Norte y Sur europeo. La aprobación de este Plan, al menos en la Comisión Europea indica, además, la reafirmación de continuidad y profundización frente al latente fantasma del “Brexit”. En la práctica, como indican los expertos: “profundiza la Unión Monetaria”, otorga mayor “peso al federalismo fiscal” y evita las “divergencias dentro de la zona euro” que coloquen “en peligro la sostenibilidad de la divisa europea”^xv.

Pero más allá de la pretendida “solidaridad europea” con sus ciudadanos y la voluntad política de profundización de la Unión Europea, Alemania consiguió pautar las condicionalidades para el acceso a las subvenciones –frente a las divergentes posiciones de Hungría -y tomada por decisión de la mayoría en vez del veto –defendida por países como Holanda-. Un visible incremento de su capacidad de negociación al interior del bloque por los que está dispuesta a pagar, en un contexto donde la pandemia se ha convertido en capital político de posiciones contrarias a naturaleza de la Unión Europea.

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