COVID19: las limitaciones de la integración y la cooperación en América Latina

El Reporte número 104ⁱ de la Organización Mundial de la Salud elaborado con datos aportados por las autoridades nacionales en 3 de mayo de 2020 informaba las cifras de 235.189 casos confirmados como positivos al COVID19 y 12.557 muertes en la región de las Américas, excluyendo a los Estados Unidos y Canadá. La epidemia se reveló un profundo problema sanitario global con sus consecuentes repercusiones a la economía internacional. En América Latina ha mostrado la vulnerabilidad en temas económicos, políticos y sociales y las limitaciones actuales de los mecanismos de integración o cooperación regional para coordinar respuestas comunes para enfrentar la epidemia –al menos en el ámbito sanitario-.

El Primer Informe Especial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la COVID19ⁱⁱ recordaba que en 2019 la economía mundial registró su peor desempeño desde 2009, con una tasa de crecimiento de solo un 2,5%, mientras las previsiones de crecimiento del PIB mundial para 2020 se habían revisado a la baja –aún antes de la declaración de la pandemia-. En tal sentido, esta última vendría a empeorar un escenario de recesión mundial donde “las economías podrían incluso enfrentarse a una contracción de mediano plazo sin una rápida recuperación”. La rápida expansión de la COVID-19, presente en más de 180 países, con 3.349.786 casos confirmados y 238.628 decesos, ha generado diversas estrategias en las instancias gubernamentales, en su mayoría han adoptado medidas de autoaislamiento, cuarentena y distanciamiento social. Estas tendrán efectos indirectos en la oferta y la demanda económica, incidiendo en la desaceleración de la producción o incluso su interrupción total, la reducción de la demanda agregada de bienes y servicios y la consecuente contracción del comercio internacional por segundo año consecutivo.

De acuerdo al mismo Informe, en el caso de la economía latinoamericana, las previsiones de crecimiento de un 1,3% en 2020 se han transformado en previsiones de contracciones de entre un 3% y un 4% o más. Ante escenarios poco auspiciosos frente a la pandemia, la crisis tendrá consecuencias negativas en el ámbito social y sanitario, que según afirma la CEPAL llevará a 30 millones de personas a la pobrezaⁱⁱⁱ.

Las actuales dificultades se adicionan a los retos en el ámbito de la integración regional y en tal sentido, de la cooperación suprarregional. En el caso de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), una iniciativa que promovió extensos programas de cooperación en la salud, las tensiones crecientes entre Cuba y Estados Unidos, la crisis en Venezuela y la reciente salida del mandatario boliviano han debilitado su existencia. Por su parte, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) ha reflejado las mudanzas gubernamentales en la región y la institución fue abandonada por siete países del bloque entre 2018 y 2020. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se divide en dos polos ideológicos opuestos como son, de un lado, los integrantes del Grupo de Lima y del otro, los miembros del ALBA. Otras iniciativas como la Alianza del Pacífico y el Mercado del Sur (MERCOSUR) priorizan el ámbito económico.

La salud, convertida en uno de los aspectos de la agenda internacional de cooperación, pasó a formar pauta de las instituciones de integración regional. En el caso latinoamericano, del enfoque prioritario en el comercio de instituciones como la Comunidad Andina de Naciones y Mercosur en la década de los noventa se transitó a “prácticas centradas en la política social y se promovieron nuevas normas para la cohesión política y ciudadana en la construcción del nuevo regionalismo”^iv con posterioridad al año 2000. En tal sentido, los bloques creados en el contexto del denominado “regionalismo pos hegemónico” y con un corte más político como la UNASUR o el ALBA hicieron de la misma un eje fundamental en esa construcción.

En casos como el Mercosur la ampliación de la agenda se produjo algunos años posteriores a su fundación. Así, sus países integrantes sumados a Bolivia y Chile suscribieron en 2000 la Carta de Compromiso Social de Buenos Aires^v, mientras en 2010 los miembros del Mercosur suscribieron el Plan Estratégico de Acción Social (PEAS). El primero estipulaba la obligación de mejorar la calidad de vida de sus poblaciones, fundamentalmente de los sectores más vulnerables y el segundo, el desarrollo de estrategias coordinadas para garantizar el acceso universal y la calidad integral de los servicios de salud humanizados, entre otros.

Sin embargo, el COVID19 ha puesto de relieve el estado actual de la cooperación regional, fundamentalmente en este ámbito. Como califica Pía Riggirozzi^vi las respuestas de cada país evidencian “decisiones unilaterales, e incluso defensivas, muchas veces en detrimento de los países vecinos”. Desde la aparición de los primeros casos, gobiernos latinoamericanos respondieron con medidas duras relativas a la cuarentena, aislamiento social o cierre de fronteras; mientras otros como México y Brasil solo recomendaron medidas de aislamiento social^vii.

Las instituciones regionales han tenido una participación limitada en esta crisis sanitaria. En el caso de la Organización Panamericana de la Salud, esta anunció misiones de apoyo a países que “conllevan un mayor riesgo”^viii como Haití, Venezuela, Surinam, Guyana, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Bolivia, Paraguay y las islas del Caribe oriental y ha solicitado 95 millones de dólares^ix para enfrentar la epidemia en la región.

Por su parte, los países miembros del Mercosur, la CELAC y el Prosur han establecido acuerdos para la compartición de información sobre el avance de la enfermedad; mientras en el primero mencionado también se han abordado la eliminación de obstáculos a los suministros esenciales y la aprobación de un fondo especial de US$16 millones destinado al combate coordinado contra el COVID-19^x.

Por otro lado, la situación sanitaria en una región donde se prevé se sumen a la pobreza más de 30 millones de personas y donde pocos países han regulado el acceso universal y gratuito a los servicios de salud y otros pocos cumplen la recomendación de la OMS de invertir en este sector el 6% de su Producto Interno Bruto, tras la crisis causada por la epidemia aumentará su vulnerabilidad sin un esfuerzo combinado de las instituciones de cooperación e integración. Sobre todo, en un escenario donde, según el criterio de especialistas como Pablo M. García, director del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)^xi prevén que “los países, en especial los desarrollados, mirarán más hacia adentro, preservando la seguridad de suministro y descansando en la autosuficiencia, posiblemente con una dosis mayor de proteccionismo y menos colaboración, al menos por un tiempo”.

La COVID19 ha mostrado la interdependencia en un mundo globalizado que impone a los países mayores acciones de cooperación en ámbitos sensibles. En el caso latinoamericano, sectores como la salud dependen de las ondas políticas y las visiones de los gobiernos de turno relativas al sentido y alcance de la integración resultantes en el surgimiento y subsistencia simultánea de mecanismos de integración y cooperación, mientras persisten deudas sociales como las infraestructuras sanitarias deficitarias y cuya resolución ya no puede ni estará vinculada a los ámbitos decisorios restrictivos de las soberanías nacionales. Ante las repercusiones de la epidemia, que como se planteó anteriormente, alcanzará profundamente la economía y en tal sentido, se agudizarán los problemas sociales y políticos preexistentes, solo restará saber el propio estado de salud de los mecanismos de integración y cooperación que vagan hoy en la región.

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