Cataluña y su independentismo ha continuado a ser noticia como tema residual en Europa y el mundo con posterioridad a las elecciones del 21-D, pero los esfuerzos de Carles Puigdemont y sus exconselleres persisten como una amenaza a la imagen de estabilidad de la institucionalidad europea.
Las elecciones del 21 de diciembre parecieron una solución definitiva a la Declaración Unilateral de Independencia emitida por el expresident Puigdemont, cuando diversos factores ya habían convertido a la República catalana en un proyecto inmediato inviable. La Unión Europea –sin pronunciarse sobre los sucesos del 1ero de Octubre, data del referendo independentista- apoyó al gobierno español calificando el tema como “asunto interno”, reconociendo a este como el Estado soberano miembro del modelo integrativo.
Sin embargo, los exmiembros del govern catalán lo han convertido en un asunto europeo, o al menos, de la Justicia europea y de algunos de sus estados miembros. Si, el mensaje inicial a Cataluña pretendió ser extensivo a otros movimientos nacionalistas, los esfuerzos continuados de los independentistas en el procés catalán evidencian algunas fragilidades de la institucionalidad europea en su dialógica con procesos domésticos.
Abandonando Cataluña, Charles Puigdemont y cuatro exconselleres se dirigieron a Bélgica para evitar la prisión e iniciar una campaña mediática internacional. Sin embargo, agotados sus esfuerzos en Bruselas, el expresident viajó a Dinamarca, Ginebra, Finlandia y por último a Alemania. El único candidato inicial tras el 21-D con una mayoría para su investidura, la cual por ley española no puede realizarse desde la distancia y, que podría ser preso al retornar al país ibérico, fue alcanzado por una euroorden en territorio alemán.
El estado español, hasta el momento, empleó los recursos jurídicos a su alcance para lidiar con el movimiento nacionalista catalán. Tras el 1 de Octubre, las medidas amparadas por el artículo 155 de la Constitución del país ibérico, las órdenes de prisión contra miembros del Govern –entre las cuales ha ejecutado las del exvicepresident Oriol Junqueras, el expresident de la ANC Jordi Sánchez y Jordi Cuixart-, inicio de procesos judiciales instados por rebelión y malversación entre otras motivaciones, así como la interposición de una Orden de Detención Europea o euroorden contra exmiembros del Govern, amparada en la Decisión Marco Del Consejo de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros con el fin de que sean extraditados a territorio español y finalmente juzgados.
Pero precisamente, la ejecución de esta euroorden ha traído nuevamente a colación como tema mediático el procés catalán (SUANZES: 2018). Como cuarto país involucrado, al menos judicialmente, la justicia germana ha debido analizar las motivaciones de la euroorden interpuesta contra el expresident. De acuerdo a jueces alemanes, el equivalente penal al delito de rebelión seguido por los españoles no se configura en su país y al menos, bajo esa motivación, Carles Puigdemont no puede ser extraditado. Aun así, ha quedado pendiente el pronunciamiento de la justicia alemana sobre el delito de malversación. Por su parte, los exconsellers Lluís Puig, Toni Comín y Meritxel Serret, no pueden abandonar Bélgica.
Entretanto, en Cataluña Junts per Catalunya y Esquerra promueven el voto por el cambio de la ley de Presidencia, como una reivindicación simbólica del expresident Carles Puigdemont y la legitimación de su investidura a distancia –la cual sería dejada en suspenso de forma automática por el Tribunal Constitucional-, a la vez que definen acciones por evitar segundas elecciones a partir de la conformación de un Govern viable (NOGUER: 2018) y la investidura de un candidato de manera efectiva en mayo. Y es que por ahora, la política y la economía catalana precisan del impasse independentista.
Sin querer salir de la Unión Europea, pero sin el apoyo de esta en el procés independentista, los nacionalistas catalanes consiguieron internacionalizar su causa en Europa a través de las justicias domésticas, como parte de aquellos espacios –donde si existe cooperación- son ámbito exclusivo de sus Estados miembros. Por otra parte, y aunque es un tema del cual poco se ha hablado mediáticamente, la causa catalana sumó entre sus recursos por la independencia la creación de un Estado digital, el cual podría ser efectivado dentro de dos años y generar otra crisis nacionalista.
En este juego de ajedrez jurídico, la Unión Europea ha comenzado a reconocer la exposición de fisuras de su institucionalidad y como el procés catalán contribuye a su imagen de desgaste. Si negada a mediar en el “asunto catalán” por ser una cuestión interna y así evitar pronunciamientos sobre el 1-O, en el futuro el reconocimiento de la soberanía e integridad del Estado español como miembro europeo podrían no ser suficientes y ya se escuchan voces solícitas hacia España de combinar el juego jurídico con el diálogo político en pos de finalizar la crisis en Cataluña.
Referencias
FOTO: El País
Bruselas defiende la actuación de Alemania en la euroorden contra Puigdemont. El Español. Publicado el 11 de abril de 2018 y disponible en: https://www.elespanol.com/mundo/europa/20180411/bruselas-defiende-actuacion-alemania-euroorden-puigdemont/298970685_0.html
Noguer, M. El secesionismo acuerda un Govern tras reivindicar otra vez a Puigdemont, periódico. Consultado el 29 de abril de 2018. Publicado el 28 de abril de 2018 y disponible en: https://elpais.com/ccaa/2018/04/27/catalunya/1524857428_740538.html
Sabatés, R. La desconexión digital de Cataluña se completaría en dos años. El País. Consultado el 14 de octubre de 2017, disponible en: https://politica.elpais.com/politica/2017/10/13/actualidad/1507916834_175991.html
Suanzes, P.R. El resurgir europeo de Carles Puigdemont. El Mundo. Consultado el 29 de abril de 2018. Publicado el 9 de abril de 2018 y disponible en: http://www.elmundo.es/cataluna/2018/04/09/5aca4276ca47415b2d8b4618.html
